DERECHO INTIMIDAD: Menores, padres y redes sociales

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que se avala que los padres vigilen las redes sociales de sus hijos .

La Sala Penal da validez a las pruebas obtenidas por una madre del acoso sexual a su hija al acceder sin permiso a su muro, priorizando la protección del menor.

Parece obvia la conclusión a la que ha llegado el TS pero no lo es cuando tenemos en cuenta que el menor, al igual que los adultos, también tienen derecho a su propia intimidad y al secreto de sus comunicaciones incluyendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia regulado en la Ley de Protección al Menor.  Ademas, la Ley de Protección de Datos permite que los chicos de 14 años puedan disponer de su propia imagen y datos incluso cederlos a terceros sin el consentimiento de sus padres.  De hecho existen redes sociales que permiten que puedan abrir cuentas con esta edad.

Sin embargo, los padres sí tenemos el derecho y la obligación de velar por la integridad de nuestros hijos por lo que sólo en los casos de que tengamos sospechas de que puedan ser víctimas de algún delito o abuso , podremos intervenir sus comunicaciones y recabar todas las pruebas para interponer la correspondiente denuncia.   Incluso si el menor se niega en facilitar esa información, puede solcitarse el auxilio del Fiscal. Esto no implica que podamos revisar todos los WhatsApp o publicaciones privadas en las redes de forma sistematica.

Una de las opciones recomendables para tener un cierto control  sobre las actividades  diarias de los hijos en Internet sin que implique un menoscabo en su privacidad, es colocar el ordenador en el salón de tal manera, los padres podrán acceder al historial de navegación de sus hijos ya que es de uso familiar y las consultas que haya hecho el menor son accesibles. Distinto es que los padres entren en su email o instalen un programa espía.

Dado que en la práctica es imposible tener un control sobre nuestros hijos ya que finalmente harán lo que les apetezca,  tenemos la obligación como padres de concenciarles e inculcarles unos valores que les permita discernir entre lo que está bien y lo que está mal.

Carmen Álvarez
-abogada-
Art&Iure Abogados

NUEVAS TECNOLOGIAS: Mobile World Congress

Todos sabemos que en los próximos días del 22 al 25 de febrero tendrá lugar en Barcelona  el Mobile Word Congress (MWC).

Se trata del Congreso más relevante dentro del sector de las nuevas tecnologías ya que en él se presentan de manera internacional avances e innovaciones en comunicaciones inalámbricas y móviles, aplicaciones,  softwares de última generación,  nuevos diseños de dispositivo móvil y otros soportes informáticos y de comunicación, lo que implica que las patentes tecnológicas, los diseños industriales y otros derechos de propiedad intelectual e industrial están al acceso del público y también de los mismos competidores y participantes del congreso.

Los conflictos por competencia desleal y por infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial son  frecuentes en este tipo de eventos en el que muchos de los  titulares de los derechos ven como sus productos que, hasta ahora eran guardados en secreto, son plagiados u objeto de competencia desleal por otras empresas.

Por este motivo , dada la avalancha de reclamaciones que se dan durante las ferias tecnológicas, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han abierto el protocolo para el MWC para atender de manera preferente las solicitudes de medidas cautelares urgentes que tengan por objeto patentes tecnológicas, diseños industriales, infracción de marcas y propiedad intelectual o actos de competencia desleal y publicidad ilícita respecto a los productos y materias que se expongan o exhiban durante el congreso para que la compañía retire el producto de la exposición.

Los Juzgados de Barcelona acuerdan resolver en dos días la solicitud de las medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada desde su entrada en el Juzgado, y en un plazo máximo de 10 días para la resolución de las medidas con señalamiento de vista (con audiencia)  desde la entrada en el Juzgado, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.

Asimismo,  ante el temor razonable de ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, se admite la presentación de escritos preventivos ante los Juzgados con la finalidad de evitar que se adopten medidas cautelares sin la audiencia del demandado, lo que permite, que pueda defenderse  exponiendo sus razones y pueda comparecer de manera inmediata en los Juzgados de lo Mercantil.

Para valorar la urgencia de las medidas sin audiencia, será determinante el comportamiento previo del demandante y la rapidez con la que haya reaccionado en el momento que conoció la supuesta infracción del competidor. De tal manera que será importante que se haya presentado las medidas cautelares con la mayor antelación posible para que de buena fe, no impida la audiencia del demandado si tuvo conocimiento con anterioridad de la posible infracción y hubiera podido presentar su solicitud con tiempo suficiente.

Este protocolo se aplica durante todo el año para cualquier congreso o feria donde estén implicados derechos de propiedad intelectual e industrial que puedan necesitar de una respuesta judicial de calidad, eficaz y dentro de un plazo razonable.

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Ámbito doméstico

Internet se ha convertido en el medio de  comunicación principal y esencial para el comercio, educación y entretenimiento.

Si tenemos en cuenta que el 80% de la población mundial se conecta a internet y a las  redes sociales  dedicando una media de 4 horas diarias, podemos hacernos una idea de la repercusión que esta nueva era digital tiene en nuestra esfera profesional y personal . Es evidente que Internet es una herramienta a la que se le atribuyen innumerables ventajas pero también es indudable que tiene aspectos negativos. Dependerá de nosotros la utilidad que le queramos dar y la información que estemos dispuestos a ceder.

En base a esta revolución digital existen varias leyes que nos protegen como ciudadanos garantizándonos una serie de derechos para que nuestra privacidad y nuestro derecho a la autodeterminación informativa (habeas data= derecho a controlar la información que nos afecta existente en cualquier fichero publico o privado), no se vean vulnerados en toda esta vorágine virtual.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal se creó y desarrolló como derecho autónomo al derecho al honor e intimidad, que aunque estrechamente vinculados, tiene su propia normativa.

El concepto de dato personal se entiende como cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables ( numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier tipo).

Por lo tanto, en el ámbito de Internet supone que un sitio web que muestre sin restricciones datos personales o bien permita recoger información de terceros (formularios, pago online, uso cookies) va estar sometida a la protección de datos.

La excepción tendrá lugar cuando el titular de una página web no tenga la consideración de prestador de servicios , esto es, la persona o sociedad que proporciona cualquier servicios normalmente a titulo oneroso o constituyan actividad económica, a distancia, por via electrónica y a petición individual del destinatario.  Por lo tanto, la excepción opera en el ámbito doméstico o personal  (TJCE “Bodil Lindqvist”) en el sentido de que no está obligado a suministrar la información que dicha ley impone, pero aún así aunque no haya ánimo de lucro y esté al margen de cualquier actividad económica , ello no significa que no tenga que cumplir con las determinaciones de la LOPD (inscripción de ficheros, consentimiento informado etc.) si va a tratar datos personales (por ej. difusión sin restricciones de datos personales).

No hay que olvidar que la información es poder y que las empresas necesitan saberlo todo de nosotros para poder controlar nuestros movimientos , para crear productos ajustados a nuestros gustos, para guiarnos sobre lo que nos interesa y lo que no . Facebook, Amazon son un claro ejemplo de ello porque conocen muy bien a los consumidores ofreciéndonos productos que queremos en el momento que nos interesa.

No obstante, esta explosión del Big Data no solamente se produce en Internet y redes sociales sino también en nuestro mundo analógico pero esto, es otro tema.

 

 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Criminalización web de enlaces

Una de las modificaciones más destacables introducidas  con la reforma del nuevo Código Penal es la penalización de las conductas que ofrezcan listados de enlaces en Internet  -las denominadas páginas web de enlaces- ya que supone un cambio a la interpretación jurisprudencial que se venía manteniendo en esta materia hasta ahora.

De acuerdo con la nueva redacción, el administrador de un sitio web podría ser condenado a prisión por haber permitido que un usuario publicase enlaces a obras de terceros, sin conocer su ilicitud ni su contenido.

Esta reforma contradice buena parte de la jurisprudencia de los últimos años ya que hasta ahora las resoluciones de la mayoría de las Audiencias Provinciales han venido considerando que los responsables de la página no realizan de forma directa actos de comunicación pública de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, ya que no alojan en sus archivos las obras o contenidos protegidos y, por tanto, sus acciones resultan atípicas.

Sin ir más lejos, la reciente sentencia de fecha 27 de abril del 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 absolvió al titular de la web nuncamas.org : “ (…) El considerar que los enlaces de la página como un acto de comunicación pública supone una interpretación forzada y expansiva del concepto jurídico de comunicación pública definido en la Ley de Propiedad Intelectual, analogía in malam partem no permitida en el derecho penal “ .

En esas resoluciones se ha venido estableciendo que los enlaces de Internet no constituyen en España comunicación pública de las obras: ”No ponen a disposición del público una obra, sino que se limitan a informar de que dicha obra está disponible en un servidor ajeno de Internet”

De hecho, en este mismo blog, se publicó un artículo respecto a la suspensión de la página web RojaDirecta por entender el Juez que no sólo era una mera página de enlaces sino que: “ (…) permite acceder directamente desde su web a las demás páginas que están emitiendo online con un click”.

En mi artículo hice referencia a la novedosa y reciente sentencia del TJUE del caso Svensson y que hasta ahora ha servido de base para determinar que no constituye infracción cuando se enlaza videos desde una página web libremente siempre que ese vídeo enlazado esté abierto previamente al público sin restricciones. Se considera que al estar el vídeo accesible libremente por el público con anterioridad en otro sitio web el acto de incrustar ese vídeo en otro sitio web no sería descrito como ‘”comunicación pública” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

Por lo tanto, partiendo de esta Directiva Comunitaria, mi duda es ¿qué criterio seguirán ahora los Jueces y Fiscales?.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Reforma Código Penal

El 1 de julio 2015 entró en vigor la nueva reforma del Código Penal que ofrece mayor protección para la propiedad intelectual (art. 270-274 CP).

Entre las novedades en esta materia, destacar:

  1.  El ánimo de lucro ha sido sustituido por la expresión  con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto” (sería el caso de lucrarse por publicidad) por lo que se amplia su contenido.
  2. Se penaliza también  ofrecer listados de enlaces (páginas de descarga y de enlaces) y crear o distribuir un dispositivo técnico para suprimir o neutralizar las protecciones de los programas de ordenador. En concreto, se persigue a las páginas web que ofrecen listados de enlaces a dichas obras aunque dichos enlaces hayan sido facilitados por los usuarios. Por lo que se criminaliza a las llamadas “webs de enlaces” contradiciendo buena parte de la jurisprudencia menor de los últimos años en la que se venia entendiendo que el enlace a paginas webs no constituía un acto de comunicación pública de las obras ya que no alojan en sus archivos las obras o contenidos protegidos .
  3. Desaparecen las faltas contra la Propiedad Intelectual e Industrial y en todo tipo de ilícitos.
  4. Se aumentan las penas en el tipo general, de los seis meses a dos años a los seis meses a cuatro años y multa que se mantiene de seis meses a dos años.

Asimismo se amplían los delitos relativos a los derechos fundamentales, incluyendo una agravante por el hecho de que se cometan a través de Internet (artículos 510 y siguientes).

DERECHO AUDIOVISUAL: Web de enlaces

El Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha dictado Auto ordenando a la página web Rojadirecta (enlaza transmisiones de fútbol y otros actos deportivos) que cese el enlace a la emisión ilegal de partidos de fútbol ya que entiende que existe vulneración de los derechos de producción de las grabaciones audiovisuales y radiodifusión.

Para la productora catalana Mediapro esta página web no es sólo una mera página de enlaces sino que es “promotora y en muchos casos emisora de las retransmisiones y se lucra por ello”.

Para la Juez, la web Rojadirecta no sólo enlaza partidos sino que “permite acceder directamente desde su web a las demás páginas que están emitiendo online con un click”.

La ley de Propiedad Intelectual en principio no contempla el mero enlace a otras páginas  web como infracción. No obstante, ha sido la novedosa y reciente sentencia del TJUE del caso Svensson quién ha dado luz a este tipo de situaciones, ya que dicha sentencia sirve  ahora de referencia para determinar que no constituye infracción cuando se enlaza videos desde una página web libremente siempre que ese vídeo enlazado esté abierto previamente al público sin restricciones.

Al estar el vídeo accesible libremente por el público con anterioridad en otro sitio web el acto de incrustar ese vídeo en otro sitio web no sería descrito como ‘comunicación pública’ en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

Carmen Álvarez
-abogada-
Art&Iure Abogados

COMPETENCIA DESLEAL: Uber vs Taxistas

El Tribunal de lo Mercantil núm.. 3 de Barcelona ha decido consultar al TJUE para que se pronuncie sobre si la App UBER debe regirse por la leyes de transporte o si se trata de un negocio del ámbito de la sociedad de la información por lo que no precisa licencia para funcionar.

Hasta ahora Uber está prohibido y autorizado en distintos países de la UE pero  la decisión del TJUE tendrá fuerza de cosa juzgada por lo que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales europeos. La App de Uber está en juego, no solo en algunos estados miembros sino en toda la UE.

El argumento que defiende Uber es que se trata  de una empresa de servicios de la sociedad de la información que ejerce de intermediadora entre conductores y pasajeros a través de una aplicación para móvil, con “el apoyo” de su filial española.

Por contra, la Élite Taxi le acusa de ser una “cooperadora necesaria” de una actividad que cae en la competencia desleal y el abuso de posición: “Los conductores de Uber no tienen licencia para transportar pasajeros y la compañía no paga ningún impuesto. Además, la firma se posiciona de manera fraudulenta en el mercado, propiciando que el consumo vaya hacia su lado” .

Los detractores de la App opinan que no estamos ante una “economía colaborativa” ( entendiéndose como tal: la actividad no comercial y gastos compartidos) ya que los conductores de Uber  son más bien chóferes bajo demanda, que sustituye totalmente a lo que es un taxi, que factura un importe correspondiente al trayecto sin compartir los gastos con el resto de los viajeros.

Se abre un nuevo debate porque independientemente que Uber sea ilegal o no, es cierto que existen miles de plataformas electrónicas que  emplean este modo de compartir, prestar, alquilar ya sea transporte, alojamiento, alimentación, etc.. como la plataforma holandesa dedicada a compartir comida que empezó siendo un grupo de WhatsApp y que cerrará el año con 100.000 miembros. Otras, son personas que alquilan su propio vehículo en varias  plataformas digitales  proporcionándole unos ingresos mensuales más que aceptables.

Es  obvio que la sociedad está cambiando y es obvio que las Administraciones Públicas tienen que adaptarse. El sector del taxi en España está fuertemente concentrado, existe un verdadero monopolio y no por ello los usuarios estamos más protegidos: ¿quién no se ha sentido engañado con precios abusivos o con recorridos innecesarios (especialmente turistas)?, ¿quién no considera los viajes vinculados al aeropuerto caros y controlados por estos taxis oficiales que cobran hasta por subir una maleta al guarda equipaje del coche?.  Además de que muchos taxistas subcontratan a personas que casi no conocen la ciudad ni hablan el idioma del país.

Si partimos de que la App Uber no entra dentro del concepto de “consumo colaborativo” por tener actividad comercial y fines lucrativos, ¿qué ocurre con otras plataformas digitales que comparten los gastos? ¿Es que acaso detrás de este consumo colaborativo no existe ánimo de lucro por pequeño que sea?.