NUEVAS TECNOLOGÍAS: Criminalización web de enlaces

Una de las modificaciones más destacables introducidas  con la reforma del nuevo Código Penal es la penalización de las conductas que ofrezcan listados de enlaces en Internet  -las denominadas páginas web de enlaces- ya que supone un cambio a la interpretación jurisprudencial que se venía manteniendo en esta materia hasta ahora.

De acuerdo con la nueva redacción, el administrador de un sitio web podría ser condenado a prisión por haber permitido que un usuario publicase enlaces a obras de terceros, sin conocer su ilicitud ni su contenido.

Esta reforma contradice buena parte de la jurisprudencia de los últimos años ya que hasta ahora las resoluciones de la mayoría de las Audiencias Provinciales han venido considerando que los responsables de la página no realizan de forma directa actos de comunicación pública de obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, ya que no alojan en sus archivos las obras o contenidos protegidos y, por tanto, sus acciones resultan atípicas.

Sin ir más lejos, la reciente sentencia de fecha 27 de abril del 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 absolvió al titular de la web nuncamas.org : “ (…) El considerar que los enlaces de la página como un acto de comunicación pública supone una interpretación forzada y expansiva del concepto jurídico de comunicación pública definido en la Ley de Propiedad Intelectual, analogía in malam partem no permitida en el derecho penal “ .

En esas resoluciones se ha venido estableciendo que los enlaces de Internet no constituyen en España comunicación pública de las obras: ”No ponen a disposición del público una obra, sino que se limitan a informar de que dicha obra está disponible en un servidor ajeno de Internet”

De hecho, en este mismo blog, se publicó un artículo respecto a la suspensión de la página web RojaDirecta por entender el Juez que no sólo era una mera página de enlaces sino que: “ (…) permite acceder directamente desde su web a las demás páginas que están emitiendo online con un click”.

En mi artículo hice referencia a la novedosa y reciente sentencia del TJUE del caso Svensson y que hasta ahora ha servido de base para determinar que no constituye infracción cuando se enlaza videos desde una página web libremente siempre que ese vídeo enlazado esté abierto previamente al público sin restricciones. Se considera que al estar el vídeo accesible libremente por el público con anterioridad en otro sitio web el acto de incrustar ese vídeo en otro sitio web no sería descrito como ‘”comunicación pública” en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29.

Por lo tanto, partiendo de esta Directiva Comunitaria, mi duda es ¿qué criterio seguirán ahora los Jueces y Fiscales?.

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PROPIEDAD INTELECTUAL: Reforma Código Penal

El 1 de julio 2015 entró en vigor la nueva reforma del Código Penal que ofrece mayor protección para la propiedad intelectual (art. 270-274 CP).

Entre las novedades en esta materia, destacar:

  1.  El ánimo de lucro ha sido sustituido por la expresión  con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto” (sería el caso de lucrarse por publicidad) por lo que se amplia su contenido.
  2. Se penaliza también  ofrecer listados de enlaces (páginas de descarga y de enlaces) y crear o distribuir un dispositivo técnico para suprimir o neutralizar las protecciones de los programas de ordenador. En concreto, se persigue a las páginas web que ofrecen listados de enlaces a dichas obras aunque dichos enlaces hayan sido facilitados por los usuarios. Por lo que se criminaliza a las llamadas “webs de enlaces” contradiciendo buena parte de la jurisprudencia menor de los últimos años en la que se venia entendiendo que el enlace a paginas webs no constituía un acto de comunicación pública de las obras ya que no alojan en sus archivos las obras o contenidos protegidos .
  3. Desaparecen las faltas contra la Propiedad Intelectual e Industrial y en todo tipo de ilícitos.
  4. Se aumentan las penas en el tipo general, de los seis meses a dos años a los seis meses a cuatro años y multa que se mantiene de seis meses a dos años.

Asimismo se amplían los delitos relativos a los derechos fundamentales, incluyendo una agravante por el hecho de que se cometan a través de Internet (artículos 510 y siguientes).